El kirchnerismo del Senado se sumó al debate por el congelamiento de tarifas y la propuesta de un sistema integrado de salud de Cristina Kirchner, con dos proyectos presentados por Oscar Parrilli que limitan las tasas de interés por mora que se cobran por atrasos en los pagos, tanto de servicios públicos como de privados, que incluiría a empresas de medicina prepaga. 

El senador, de los más cercanos a Cristina, propuso limitar la tasa de interés "a la pasiva para depósitos a 30 días que establezca el BNA, no pudiendo las empresas establecer un porcentaje superior a la tasa mencionada como sucede hoy en día".

De este modo, calculó que el interés bajaría de 55% a 35%, pero estimó que algunas empresas "violan la normativa aplicando tasas de hasta el 150% por encima de la tasa pasiva del BNA, así como penalidades del 5% o del 3% diario o mensual impuestos por ciertas empresas monopólicas de telefonía móvil".

Además, "tampoco podrán imponer cargos extras a las ya elevadas tasas de interés como cargos de reconexión, gastos administrativos", una limitante que golpea de lleno a las empresas de telecomunicaciones, que desde septiembre tienen las tarifas congeladas por haber sido declaradas servicio público. 

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Uno de sus proyectos establece también que "el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez, porque la gran mayoría de los usuarios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes". 

E indica que deben adecuarse las tarifas mensuales "a un promedio anual", para que en zonas con inviernos duros no recaiga el costo en esos meses. En esos casos, se les pide a las empresas prestadoras "adecuar su facturación mensual para que las mismas sean similares durante todo el año sin perjuicio de las oscilaciones en el consumo y sin ningún tipo de recargo y/o interés".

Parrilli argumentó que "la pandemia producida por el Covid-19 profundizó y acentuó el daño provocado por la gestión macrista y sus políticas neoliberales, aumentando los índices de desocupación, pobreza e indigencia", razón por la cual sostiene que "brindarle a la comunidad todo el acceso a tarifas con precios razonables y servicios de calidad mejoraría sustancialmente la calidad de vida".

Además, consideró que "el acceso a los servicios públicos como parte del contenido de los derechos humanos se encuentra reconocido de forma directa por la ONU en distintas resoluciones en donde se establece que deben estar al alcance de todos, con un costo razonable, que su acceso no debe limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud".

"Las empresas prestatarias de servicios públicos direccionan sus esfuerzos a priorizar la obtención del mayor rédito económico posible a costo de la calidad y la universalización del servicio como derecho humano, provocando serias situaciones de exclusión y marginación económica en el acceso a los servicios esenciales de calidad".